«Cuando disminuyen los cotizantes y aumentan los jubilados, el ajuste solo puede venir por cuatro vías: mayores cotizaciones, más impuestos, más deuda o prestaciones más bajas. Si el ajuste llega, la única diferencia será si se produce de forma planificada o por choque»

España no tiene un problema de inmigración. Tiene un problema de sostenibilidad.

Discutimos la inmigración como si fuera una cuestión de orden público, identidad o competencia laboral inmediata. Pero el debate real es otro: si el Estado del bienestar español será sostenible en las próximas décadas. Y aquí aparece la verdad incómoda: sin una base activa suficiente, no lo será.

Al mismo tiempo, la generación del baby boom está entrando masivamente en la jubilación. El resultado es una estructura poblacional cada vez más envejecida: el 20,4% de la población ya tiene más de 65 años, y el INE proyecta que en 2050 será casi el 30%.

El sistema de pensiones se basa en una ecuación simple: los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy. Actualmente hay alrededor de 2,3 trabajadores por cada pensionista. Hace dos décadas eran más de tres. Y la tendencia seguirá deteriorándose si no aumenta la población en edad de trabajar.

Cuando disminuyen los cotizantes y aumentan los jubilados, el ajuste solo puede venir por cuatro vías: mayores cotizaciones, más impuestos, más deuda o prestaciones más bajas. No existe una quinta opción mágica que esquive esa realidad matemática.

Lo demás es retórica.

Alemania ha asumido explícitamente que sin inmigración su sistema productivo y su sistema de pensiones no serían sostenibles. Japón, que durante años se resistió a abrir sus fronteras laborales, se enfrenta hoy a una contracción estructural impulsada por el envejecimiento.

La demografía no es una opinión, es una variable estructural.

Sin embargo, el debate público en España sigue atrapado en el corto plazo. Se habla de presión sobre los servicios públicos, de competencia salarial o de tensión en el mercado laboral. Son preocupaciones legítimas, pero parciales.

La pregunta estratégica no es cuántas personas llegan, sino cómo se sostiene un sistema que necesita una base contributiva amplia, estable y cualificada.

Otra verdad incómoda es que una parte muy significativa del crecimiento reciente del empleo en España se ha apoyado en la incorporación de trabajadores nacidos fuera del país.

Sectores como los cuidados, la construcción, la agricultura, la hostelería o la logística dependen ya de esa fuerza laboral. Sin ella, la actividad económica sería menor y también lo sería la recaudación. Pensar que cerrar la puerta genera automáticamente empleo nacional es desconocer cómo funciona la estructura productiva.

El argumento de que “nos quitan el trabajo” parte de una premisa equivocada: que el empleo es una tarta fija. Pero el empleo depende del crecimiento, y el crecimiento depende de disponer de suficiente capital humano.

España no sufre un exceso estructural de trabajadores. Sufre desajustes de cualificación, baja productividad, economía sumergida y un modelo productivo que aún arrastra demasiada precariedad. Convertir la inmigración en el problema central puede resultar políticamente rentable, pero estratégicamente es miope.

Esto no significa que cualquier política migratoria sea válida. La inmigración mal gestionada genera precariedad, informalidad y tensión social.

La inmigración integrada, en cambio, amplía la base fiscal, dinamiza sectores y refuerza la sostenibilidad del sistema.

La diferencia está en la estrategia: regularización eficaz, reconocimiento ágil de titulaciones, formación y recualificación, lucha contra la economía sumergida y políticas de vivienda que eviten la fractura social. Sin integración productiva, la inmigración es un parche. Con integración, es una palanca estructural.

A todo ello se suma otro factor que rara vez se menciona: la fuga de talento. Cada año miles de jóvenes cualificados emigran buscando mejores salarios y oportunidades.

España pierde población activa por abajo mientras la gana por arriba en forma de jubilados. La ecuación es insostenible sin un flujo migratorio neto positivo, pero también sin una estrategia decidida de retención del talento propio.

Porque la sostenibilidad no consiste solo en atraer trabajadores, consiste en no expulsar a los que hemos formado. Invertimos en educación, financiamos universidades, formamos ingenieros, sanitarios y perfiles técnicos que después desarrollan su carrera fuera.

Cada joven cualificado que se va es una pérdida doble: de capital humano y de base contributiva futura.

Sin una política activa de salarios competitivos, oportunidades profesionales, vivienda accesible e incentivos al retorno, cualquier estrategia demográfica quedará incompleta. No se trata solo de que vengan. Se trata también de que los nuestros quieran quedarse.

El debate real, por tanto, no es inmigración sí o no. Es demografía y productividad. Sin una de las dos, el sistema no se sostiene. Y España no lidera precisamente los rankings europeos de productividad.

Mientras tanto, el envejecimiento avanza con independencia del debate político. Los organismos económicos llevan años advirtiendo de que el gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración aumentará de forma sostenida. La AIReF estima que el gasto en pensiones podría alcanzar el 15% del PIB en 2050.

Si la base de cotizantes no crece o no se vuelve significativamente más productiva, el ajuste llegará igualmente. La única diferencia será si se produce de forma planificada o por choque.

Elegir no diseñar una estrategia demográfica coherente no evita el problema, simplemente desplaza el coste hacia el futuro. Y ese coste puede traducirse en mayor presión fiscal, más endeudamiento o recortes implícitos en las prestaciones.

Ninguna sociedad puede sostener un Estado del bienestar ambicioso con una población activa menguante.

La sostenibilidad demográfica no es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de diseño institucional. Y los números no negocian con ideologías.

Podemos discutir el relato. La aritmética, no.

La aritmética no vota, pero siempre gana.