«¿Qué ocurre con la inteligencia artificial si la energía deja de ser abundante y barata?»

Mientras el debate sobre la inteligencia artificial se centra en la ética, el empleo o la regulación, hay un elemento crítico que casi nadie menciona: su dependencia energética y material.

La tecnología más avanzada del mundo sigue atada a un sistema físico vulnerable, y una parte esencial de ese sistema pasa por un punto tan estratégico como frágil: el Estrecho de Ormuz.

Cuando sube el precio del petróleo, el debate se centra en la gasolina, el diésel o la factura eléctrica. Es lógico: es lo visible, lo inmediato, lo que afecta al bolsillo de ciudadanos y empresas.

Pero mientras discutimos sobre surtidores y tarifas, hay un elemento silencioso que apenas aparece en la conversación: la inteligencia artificial.

La IA se ha convertido en el gran relato de nuestro tiempo. Pero es un relato construido sobre una base que casi nadie cuestiona. Hablamos de su impacto en el empleo, de sus dilemas éticos, de su capacidad para transformar industrias enteras.

Pero hay un aspecto estructural que permanece fuera del foco: la inteligencia artificial depende de un sistema energético y material que no es ni estable ni asegurado.

Y una parte crítica de ese sistema pasa por un punto del mapa que rara vez asociamos con lo digital: el Estrecho de Ormuz.

Durante años hemos alimentado la idea de que la IA vive en un espacio etéreo, casi místico. “La nube” suena a algo que no ocupa lugar, que no pesa, que no consume. Pero la realidad es mucho más terrenal.

Entrenar y operar modelos de IA exige centros de datos que devoran electricidad, sistemas de refrigeración que consumen millones de litros de agua y hardware construido con minerales críticos cuya extracción y procesado requieren cantidades ingentes de energía.

La IA no es intangible. Es física, intensiva y dependiente.

Y su dependencia empieza por la energía. El verdadero límite de la inteligencia artificial no está en los algoritmos, sino en la capacidad de sostenerlos.

Los centros de datos necesitan un suministro eléctrico constante, estable y creciente. Y hoy, una parte significativa de esa energía sigue dependiendo del gas y del petróleo.

Por el Estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% del petróleo mundial y cerca del 25% del gas natural licuado (GNL). Ese gas, esencial para mantener sistemas eléctricos estables, alimenta indirectamente la infraestructura que permite que la IA funcione.

La inteligencia artificial no solo depende del silicio: depende del gas.

Y también del agua, un recurso cada vez más tensionado, especialmente en regiones donde los centros de datos ya compiten directamente con la agricultura y el consumo humano.

Europa lo sabe. España también. La Península se ha convertido en un polo emergente de centros de datos, pero su crecimiento depende de un suministro energético que no controlamos del todo y de un mercado global del GNL que puede tensarse en cuestión de días.

La digitalización avanza más rápido que la capacidad de asegurar la energía que la sostiene.

A esta dependencia energética se suma otra menos visible: la de los materiales. Litio, cobalto, níquel, tierras raras, silicio avanzado… sin ellos no hay chips, no hay servidores, no hay IA.

Pero estos materiales no se extraen ni se refinan en un vacío. Requieren energía intensiva, transporte marítimo —más del 90% del comercio mundial viaja por mar— y cadenas logísticas globales que funcionan como un reloj… hasta que dejan de hacerlo.

Aunque estos minerales no crucen directamente el Estrecho de Ormuz, el sistema que permite producirlos, moverlos y refinarlos sí depende de la energía que pasa por allí.

La IA, en su aparente sofisticación, está anclada a una infraestructura física vulnerable.

Durante décadas, la economía global ha priorizado la eficiencia sobre la resiliencia. Cadenas de suministro ajustadas al milímetro, costes optimizados, dependencias invisibles.

El resultado es un sistema extraordinariamente preciso, pero frágil. Basta una disrupción en un punto crítico —una escalada geopolítica, un bloqueo marítimo, una crisis energética— para que los efectos se propaguen en cascada.

Y no es una hipótesis teórica. En las últimas semanas, los ataques sobre infraestructuras energéticas en Oriente Medio han vuelto a poner en evidencia hasta qué punto el sistema global depende de nodos físicos extremadamente vulnerables.

Cuando se dañan instalaciones clave —refinerías, terminales de gas o rutas logísticas— el impacto no se queda en el precio del combustible: se traslada a toda la economía digital que depende de esa energía para operar.

Ya hemos visto otras señales. En 2021, una ola de calor obligó a reducir la actividad de varios centros de datos en Estados Unidos y Europa por falta de capacidad de refrigeración. No fue un fallo tecnológico. Fue un límite físico. Y ese límite se repetirá.

En ese contexto, la pregunta deja de ser tecnológica y se vuelve estructural: ¿qué ocurre con la inteligencia artificial si la energía deja de ser abundante y barata?

No desaparece. Se encarece. Se ralentiza. Se concentra en manos de quienes pueden pagarla.

Las empresas han integrado la inteligencia artificial en procesos clave con una premisa implícita: que siempre estará disponible, que será escalable, que sus costes seguirán siendo asumibles.

Pero esa premisa depende de factores que ninguna empresa controla: energía, geopolítica, materiales, logística.

Y hay un punto que casi nadie quiere mirar de frente: la IA crece más rápido que la capacidad de generar energía limpia. Y esa brecha es, hoy, uno de los mayores riesgos sistémicos invisibles.

La conversación sobre inteligencia artificial está incompleta. Hablamos de ética, de regulación, de empleo. Pero apenas abordamos su dependencia de recursos físicos limitados y de infraestructuras críticas. La sostenibilidad de la IA no es solo ambiental.

Es energética, material y estratégica.

Y, hoy, no está garantizada.

Tal vez el mayor riesgo de la inteligencia artificial no esté en su capacidad de transformar el mundo, sino en la estabilidad del sistema que la hace posible.

Porque, en última instancia, la tecnología más avanzada de nuestra era sigue dependiendo de algo tan básico —y tan vulnerable— como el paso de la energía por un estrecho.

Y eso debería formar parte del debate.

«Cuando disminuyen los cotizantes y aumentan los jubilados, el ajuste solo puede venir por cuatro vías: mayores cotizaciones, más impuestos, más deuda o prestaciones más bajas. Si el ajuste llega, la única diferencia será si se produce de forma planificada o por choque»

España no tiene un problema de inmigración. Tiene un problema de sostenibilidad.

Discutimos la inmigración como si fuera una cuestión de orden público, identidad o competencia laboral inmediata. Pero el debate real es otro: si el Estado del bienestar español será sostenible en las próximas décadas. Y aquí aparece la verdad incómoda: sin una base activa suficiente, no lo será.

Al mismo tiempo, la generación del baby boom está entrando masivamente en la jubilación. El resultado es una estructura poblacional cada vez más envejecida: el 20,4% de la población ya tiene más de 65 años, y el INE proyecta que en 2050 será casi el 30%.

El sistema de pensiones se basa en una ecuación simple: los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy. Actualmente hay alrededor de 2,3 trabajadores por cada pensionista. Hace dos décadas eran más de tres. Y la tendencia seguirá deteriorándose si no aumenta la población en edad de trabajar.

Cuando disminuyen los cotizantes y aumentan los jubilados, el ajuste solo puede venir por cuatro vías: mayores cotizaciones, más impuestos, más deuda o prestaciones más bajas. No existe una quinta opción mágica que esquive esa realidad matemática.

Lo demás es retórica.

Alemania ha asumido explícitamente que sin inmigración su sistema productivo y su sistema de pensiones no serían sostenibles. Japón, que durante años se resistió a abrir sus fronteras laborales, se enfrenta hoy a una contracción estructural impulsada por el envejecimiento.

La demografía no es una opinión, es una variable estructural.

Sin embargo, el debate público en España sigue atrapado en el corto plazo. Se habla de presión sobre los servicios públicos, de competencia salarial o de tensión en el mercado laboral. Son preocupaciones legítimas, pero parciales.

La pregunta estratégica no es cuántas personas llegan, sino cómo se sostiene un sistema que necesita una base contributiva amplia, estable y cualificada.

Otra verdad incómoda es que una parte muy significativa del crecimiento reciente del empleo en España se ha apoyado en la incorporación de trabajadores nacidos fuera del país.

Sectores como los cuidados, la construcción, la agricultura, la hostelería o la logística dependen ya de esa fuerza laboral. Sin ella, la actividad económica sería menor y también lo sería la recaudación. Pensar que cerrar la puerta genera automáticamente empleo nacional es desconocer cómo funciona la estructura productiva.

El argumento de que “nos quitan el trabajo” parte de una premisa equivocada: que el empleo es una tarta fija. Pero el empleo depende del crecimiento, y el crecimiento depende de disponer de suficiente capital humano.

España no sufre un exceso estructural de trabajadores. Sufre desajustes de cualificación, baja productividad, economía sumergida y un modelo productivo que aún arrastra demasiada precariedad. Convertir la inmigración en el problema central puede resultar políticamente rentable, pero estratégicamente es miope.

Esto no significa que cualquier política migratoria sea válida. La inmigración mal gestionada genera precariedad, informalidad y tensión social.

La inmigración integrada, en cambio, amplía la base fiscal, dinamiza sectores y refuerza la sostenibilidad del sistema.

La diferencia está en la estrategia: regularización eficaz, reconocimiento ágil de titulaciones, formación y recualificación, lucha contra la economía sumergida y políticas de vivienda que eviten la fractura social. Sin integración productiva, la inmigración es un parche. Con integración, es una palanca estructural.

A todo ello se suma otro factor que rara vez se menciona: la fuga de talento. Cada año miles de jóvenes cualificados emigran buscando mejores salarios y oportunidades.

España pierde población activa por abajo mientras la gana por arriba en forma de jubilados. La ecuación es insostenible sin un flujo migratorio neto positivo, pero también sin una estrategia decidida de retención del talento propio.

Porque la sostenibilidad no consiste solo en atraer trabajadores, consiste en no expulsar a los que hemos formado. Invertimos en educación, financiamos universidades, formamos ingenieros, sanitarios y perfiles técnicos que después desarrollan su carrera fuera.

Cada joven cualificado que se va es una pérdida doble: de capital humano y de base contributiva futura.

Sin una política activa de salarios competitivos, oportunidades profesionales, vivienda accesible e incentivos al retorno, cualquier estrategia demográfica quedará incompleta. No se trata solo de que vengan. Se trata también de que los nuestros quieran quedarse.

El debate real, por tanto, no es inmigración sí o no. Es demografía y productividad. Sin una de las dos, el sistema no se sostiene. Y España no lidera precisamente los rankings europeos de productividad.

Mientras tanto, el envejecimiento avanza con independencia del debate político. Los organismos económicos llevan años advirtiendo de que el gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración aumentará de forma sostenida. La AIReF estima que el gasto en pensiones podría alcanzar el 15% del PIB en 2050.

Si la base de cotizantes no crece o no se vuelve significativamente más productiva, el ajuste llegará igualmente. La única diferencia será si se produce de forma planificada o por choque.

Elegir no diseñar una estrategia demográfica coherente no evita el problema, simplemente desplaza el coste hacia el futuro. Y ese coste puede traducirse en mayor presión fiscal, más endeudamiento o recortes implícitos en las prestaciones.

Ninguna sociedad puede sostener un Estado del bienestar ambicioso con una población activa menguante.

La sostenibilidad demográfica no es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de diseño institucional. Y los números no negocian con ideologías.

Podemos discutir el relato. La aritmética, no.

La aritmética no vota, pero siempre gana.

«En la guerra, los señuelos sirven para confundir al enemigo. En la economía, el ‘greenwashing’ cumple una función inquietantemente parecida: alterar la percepción antes que transformar la realidad»

En algunos conflictos militares, los aviones más eficaces no vuelan. Están pintados en la pista. Desde el aire parecen objetivos reales. Pero no lo son. Son señuelos diseñados para algo muy concreto: influir en la decisión del adversario. Que ataque donde no debe. Que utilice recursos donde en realidad no hay objetivos estratégicos.

No es una estrategia de fuerza. Es una estrategia de percepción.

El ejemplo más conocido es probablemente el Caballo de Troya, uno de los relatos fundacionales del pensamiento estratégico occidental.

Los griegos no conquistaron Troya por la fuerza, sino provocando que sus enemigos interpretaran de forma equivocada una situación aparentemente inofensiva.

Muchos siglos después, el estratega chino Sun Tzu lo resumiría con una frase que sigue siendo una de las más citadas en la historia de la estrategia: "Toda guerra se basa en el engaño".

En el campo de batalla esta lógica se traduce en camuflaje, operaciones de distracción o señuelos militares.

Pero la gestión estratégica de la percepción no pertenece únicamente al ámbito militar. Cada vez aparece con más fuerza en otros espacios de poder.

Uno de ellos es el mundo empresarial.

En los últimos años el concepto de greenwashing se ha hecho cada vez más visible. Se utiliza para describir aquellas estrategias de comunicación que proyectan una imagen de sostenibilidad que no siempre se corresponde con una transformación real de los modelos productivos.

No es exactamente lo mismo que pintar aviones falsos en una pista de aterrizaje. Pero el paralelismo resulta difícil de ignorar.

En ambos casos se trata de influir en cómo otros interpretan la realidad. En un caso, el adversario militar. En el otro, el consumidor, el regulador o la opinión pública.

El objetivo no siempre es mentir de forma directa. A menudo basta con construir una apariencia suficientemente convincente para orientar decisiones ajenas.

En la economía contemporánea, donde la reputación, la narrativa y la percepción pública tienen un peso creciente, esta dimensión estratégica adquiere cada vez más importancia.

Existe, sin embargo, una diferencia fundamental entre la guerra y el mercado.

En la guerra, el engaño es una herramienta legítima del conflicto. En la economía, en cambio, cuando la sostenibilidad se convierte en una estrategia de apariencia en lugar de una transformación real, el problema deja de ser únicamente reputacional. Empieza a ser estructural.

Porque distorsiona el mercado, confunde al consumidor y retrasa las transiciones que realmente son necesarias.

Y en un contexto donde la regulación europea —de la CSRD a la futura Directiva de Alegaciones Verdes— empieza a exigir evidencias verificables, la distancia entre relato y realidad se vuelve cada vez más difícil de ocultar.

Quizá por eso la vieja intuición de Sun Tzu sigue resonando más de dos mil años después. En muchos conflictos, la batalla decisiva no se libra primero en el terreno físico. Se libra en la interpretación de la realidad.

Y cuando la sostenibilidad se convierte en una cuestión de relato antes que de transformación, el riesgo no es solo reputacional.

Es estratégico.

«Las crisis de energía revelan que la sostenibilidad ya no es solo una agenda ambiental, sino una estrategia para reducir vulnerabilidades económicas»

En los primeros días de la tensión militar entre Irán e Israel, el precio del petróleo llegó a subir cerca de un 10 % en los mercados internacionales.

No es una reacción excepcional. Es el reflejo de una constante histórica: cada vez que estalla un conflicto en una región energética clave, los mercados recuerdan hasta qué punto la energía está ligada al poder.

Porque la energía nunca ha sido solo una cuestión económica o tecnológica. Siempre ha sido, sobre todo, una cuestión geopolítica.

Lo fue en los años setenta con la Crisis del petróleo de 1973, cuando el embargo petrolero sacudió las economías occidentales y cambió el equilibrio energético mundial.

Lo volvió a ser tras la invasión rusa de Ucrania, que reveló hasta qué punto Europa dependía del gas procedente de Rusia.

Y vuelve a serlo ahora con las tensiones en torno a Irán y ese estrecho estratégico por el que circula buena parte de la energía del planeta.

Durante años, el debate empresarial sobre sostenibilidad se ha centrado en emisiones, descarbonización o cumplimiento normativo. La transición energética se ha presentado sobre todo como un imperativo climático y tecnológico. Pero esa visión es incompleta.

La energía no solo alimenta economías, también estructura el poder global. Por eso cada disrupción energética reconfigura estrategias industriales, alianzas políticas y prioridades empresariales.

La primera lección que deja cada crisis es clara: la dependencia energética es una vulnerabilidad estratégica.

Europa lo aprendió de forma abrupta tras la guerra en Ucrania. Durante décadas había construido un sistema energético altamente dependiente del gas ruso. Cuando ese suministro se volvió incierto, la energía dejó de ser un asunto de mercado para convertirse en un asunto de seguridad.

La segunda lección es más paradójica. Las crisis energéticas, lejos de frenar la transición energética, suelen acelerarla.

En el corto plazo, los gobiernos reaccionan reforzando cualquier fuente disponible para garantizar el suministro. Pero en el medio plazo surge una conclusión estratégica: reducir dependencias.

La electrificación, las energías renovables o el hidrógeno no responden únicamente a objetivos climáticos. Responden también a una lógica geopolítica: construir sistemas energéticos menos vulnerables.

En el fondo, la transición energética no solo busca descarbonizar la economía, sino también reducir vulnerabilidades.

Pero aquí aparece la tercera lección, quizá la más incómoda. La transición energética no elimina las dependencias geopolíticas. En muchos casos, simplemente las transforma.

El nuevo sistema energético depende de una cadena de valor distinta basada en minerales críticos como litio, cobalto, níquel o tierras raras. Sin ellos no hay baterías, turbinas eólicas ni redes eléctricas inteligentes.

Y aquí empieza a configurarse una nueva geopolítica de los recursos críticos. Gran parte del procesamiento de estos minerales se realiza en China, que domina buena parte del refinado mundial de recursos clave para la electrificación.

Europa ha empezado a comprender este riesgo estratégico. Un ejemplo claro es la política industrial impulsada a partir del European Green Deal, que busca reforzar la producción europea de baterías y tecnologías energéticas.

El objetivo no es solo acelerar la transición energética. También es reducir la dependencia de cadenas de suministro externas en sectores críticos.

En España, esta realidad tiene implicaciones directas. Sectores como la automoción, el refino, la industria química, el turismo o la agroalimentación dependen de cadenas de suministro globales que pueden verse alteradas por cualquier tensión geopolítica.

Empresas como Repsol, Cepsa o Enagás operan infraestructuras críticas cuya estabilidad depende de rutas energéticas que España no controla. En este contexto, la sostenibilidad ya no es solo ambiental: es estratégica.

Sin baterías no hay movilidad eléctrica. Y sin control sobre los materiales que las hacen posibles, la transición energética puede convertirse en una nueva forma de dependencia industrial.

La transición energética no está eliminando la geopolítica de la energía. Está inaugurando una nueva.

Este cambio obliga también a replantear el concepto de sostenibilidad empresarial. Durante años muchas estrategias ESG se han centrado principalmente en la medición de impactos ambientales o en indicadores de gobernanza. Pero el contexto actual está ampliando el marco.

Los nuevos marcos regulatorios europeos reflejan ya esta evolución. La «Corporate Sustainability Reporting Directive» y los estándares «European Sustainability Reporting Standards» incorporan una visión más amplia basada no solo en impactos, sino también en riesgos y oportunidades que pueden afectar a la estabilidad de los modelos de negocio.

En paralelo, iniciativas internacionales como la «Taskforce on Nature-related Financial Disclosures» han empezado a poner el foco en un aspecto que durante años había quedado en segundo plano: la dependencia de las empresas respecto a los sistemas naturales.

Actividades como la agricultura, la energía, la industria o el turismo dependen directamente de recursos como el agua, los suelos, los ecosistemas o la estabilidad climática.

Este enfoque introduce una idea clave: la sostenibilidad no consiste únicamente en medir impactos, sino también en comprender la dependencia que conecta a las empresas con los sistemas naturales, tecnológicos, energéticos o geopolíticos de los que dependen sus actividades.

Conceptos como resiliencia, diversificación de proveedores, control de recursos estratégicos o autonomía energética empiezan así a ocupar un lugar central.

La sostenibilidad deja de ser únicamente una agenda ambiental. Se convierte también en una estrategia para construir economías más resilientes en un mundo cada vez más incierto.

Porque, en realidad, la energía nunca ha sido solo energía. Siempre ha sido una forma de poder.

«En momentos de tensión, garantizar el suministro se impone a la coherencia climática, y eso puede traducirse en decisiones que parecían superadas: refuerzo de infraestructuras fósiles, nuevos acuerdos de gas o la prolongación de modelos energéticos que se pretendían abandonar»

La sostenibilidad empresarial se diseñó para un mundo que ya no existe. Nació en un contexto de estabilidad geopolítica, rutas comerciales seguras, energía disponible y cadenas globales que funcionaban con precisión casi quirúrgica. Ese marco permitía a las empresas centrarse en reducir impactos sin cuestionar demasiado el sistema que lo hacía posible.

Durante años, el modelo ESG se ha apoyado en la idea de que la globalización era un terreno firme. La eficiencia ha sido el motor: menos emisiones, menos residuos, menos costes.

Pero esa eficiencia descansaba sobre un sistema global que hoy muestra sus límites. Cadenas de suministro optimizadas al milímetro, dependencias energéticas concentradas y producciones deslocalizadas han reducido impactos, sí, pero también han incrementado la vulnerabilidad. Una cadena puede ser impecable desde el punto de vista ambiental y, aún así, dejar de ser operativa ante una crisis geopolítica. Y una cadena que colapsa no es sostenible.

Europa ha impulsado la descarbonización como eje estratégico, pero cuando el suministro energético se vuelve incierto, emerge un dilema que hasta hace poco parecía teórico: ¿debe priorizarse la transición climática o la seguridad energética?

La práctica empieza a dar la respuesta. En momentos de tensión, garantizar el suministro se impone a la coherencia climática, y eso puede traducirse en decisiones que parecían superadas: refuerzo de infraestructuras fósiles, nuevos acuerdos de gas o la prolongación de modelos energéticos que se pretendían abandonar. No es el final de la transición, pero sí el fin de la idea de que puede desarrollarse al margen de la geopolítica.

España es un buen ejemplo de esta nueva realidad. Su economía, abierta y dependiente de energía y materias primas importadas, es especialmente sensible a un mundo volátil. Sectores como la energía y el refino, la automoción, el agroalimentario, la industria química y farmacéutica, el turismo o el tecnológico dependen de rutas, suministros y componentes que no controlan. Un estrecho tensionado, un puerto bloqueado o un encarecimiento energético pueden alterar su operatividad en cuestión de días. En estos sectores, la sostenibilidad ya no es solo ambiental: es geoestratégica.

Durante décadas, producir donde era más barato y transportar donde era más eficiente parecía incuestionable. Hoy, la pregunta relevante ya no es solo cuánto emiten esas cadenas, sino cuán resistentes son ante la disrupción. La sostenibilidad tradicional ha medido impacto; la sostenibilidad del futuro tendrá que medir dependencia: energética, logística y territorial. Porque en un mundo donde las rutas pueden tensionarse o bloquearse —desde el Golfo hasta el mar Rojo o el Bósforo— la eficiencia deja de ser el principal indicador de sostenibilidad. La robustez pasa a serlo.

Empieza además a emerger un debate hasta ahora ausente del marco ESG: la relación entre estabilidad y sostenibilidad. Infraestructuras energéticas, redes digitales o rutas comerciales necesitan protección para garantizar su funcionamiento. En un contexto de creciente volatilidad global, la seguridad deja de ser un elemento externo al sistema económico y pasa a ser una condición para su continuidad. Y eso introduce una cuestión incómoda: ¿puede sostenerse un modelo económico si no es capaz de proteger sus infraestructuras críticas?

Quizás el mayor impacto del nuevo contexto geopolítico no sea el freno de la sostenibilidad, sino su redefinición. Durante años la hemos asociado a la optimización —reducir, minimizar, compensar—, pero en un entorno volátil, la sostenibilidad empieza a vincularse más con la resiliencia que con la eficiencia. Porque en un mundo cada vez menos previsible, la sostenibilidad ya no se medirá solo en emisiones o indicadores ESG, sino en estabilidad, autonomía y, sobre todo, en capacidad de supervivencia.

¿Puede considerarse sostenible un modelo que no sobrevive a la incertidumbre?

«El trabajo con futuro no es necesariamente el más intelectual, sino el más real»

Intente encontrar un electricista con poca antelación. O alguien que le cambie el pistón de la puerta del garaje. La escena es conocida: llamadas sin respuesta, agendas llenas durante semanas y un precio por hora que ya no se discute. Se acepta. Porque la alternativa es convivir con el problema.

En ese mismo país, un docente con doctorado, años de formación académica y una trayectoria impecable cobra —si se mide por hora efectiva— menos que muchos profesionales manuales.

La inteligencia artificial está acelerando un reajuste profundo del valor del trabajo de forma abrupta. En pocos años, ha aprendido a escribir textos coherentes, analizar datos, generar informes, preparar campañas de márketing, programar código funcional y resolver tareas.

Hoy, una sola persona apoyada por herramientas de IA puede realizar tareas que antes ocupaban a varios trabajadores.

La tecnología no sustituye al talento sénior ni al criterio estratégico. Pero elimina gran parte del trabajo intermedio y repetitivo sobre el que se construían muchas carreras profesionales.

Cuando una habilidad se vuelve abundante, su valor cae. Eso es lo que está ocurriendo con gran parte del trabajo intelectual estandarizado.

Mientras tanto, ocurre lo contrario con aquello que no se puede automatizar ni deslocalizar.

El mercado ya ha hecho su propio ranking, aunque incomode.

Las profesiones con mayor poder de negociación son las que hoy presentan escasez, listas de espera y precios crecientes.

Los electricistas, fontaneros, carpinteros, técnicos de mantenimiento, instaladores, personal sanitario o cuidadores trabajan en entornos físicos, imprevisibles y profundamente humanos. No se escalan con un algoritmo. No se sustituyen con una actualización de software.

En España, muchos de estos profesionales superan con facilidad los 2.500 euros mensuales cuando trabajan por cuenta propia o en sectores especializados.

Los datos del mercado laboral confirman esta tendencia: los oficios cualificados manuales se sitúan entre los perfiles con mayor salario medio ofertado y mayor tensión por falta de candidatos.

Su precio por hora compite, y a menudo supera, al de ingenieros, informáticos o perfiles de márketing con titulación universitaria.

No porque unos valgan más que otros, sino porque la escasez manda y la utilidad inmediata se paga.

Esa escasez no afecta solo al día a día doméstico. Compromete también la transición energética y la digitalización.

Sin profesionales capaces de adaptar edificios e infraestructuras, ningún plan verde ni estrategia digital puede ejecutarse de verdad.

Durante décadas se construyó un relato que identificaba progreso con universidad y fracaso con oficio.

Ese relato ha generado una inflación de títulos y una frustración silenciosa entre muchos profesionales. Además de una falta alarmante de trabajos esenciales para el funcionamiento cotidiano de la economía.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema, el desequilibrio es evidente.

Una economía no se sostiene solo con conocimiento abstracto, ni con presentaciones impecables o código elegante.

Se sostiene con capacidad real para mantener infraestructuras, reparar lo que falla, cuidar a las personas, adaptar lo existente y responder ante lo imprevisto.

«Europa regula mientras Estados Unidos discute»

Estados Unidos exige a algunas empresas que midan su huella climática… y simultáneamente penaliza a otras por hacerlo. No es una paradoja retórica, es una realidad regulatoria.

Es también uno de los ejemplos más claros de cómo la sostenibilidad ha dejado de ser una agenda ambiental para convertirse en un campo de batalla político, jurídico y cultural.

Durante años, EEUU ha sido presentado como motor de innovación climática y tecnológica. Sin embargo, cuando se observa su marco normativo en sostenibilidad, el relato se deshace.

No estamos ante simples diferencias entre estados, sino ante una incoherencia estructural que genera inseguridad jurídica, complica la planificación empresarial y erosiona la credibilidad del sistema.

Para las empresas españolas que operan allí, este caos no es un debate ideológico: es un coste.

California ha decidido avanzar por su cuenta. Las leyes SB253 y SB261 obligan a miles de empresas a reportar emisiones —incluidas las de su cadena de valor— y a evaluar riesgos climáticos financieros.

En la práctica, el estado actúa como un micro-mercado europeo dentro de Estados Unidos, con exigencias de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas muy similares a las de Bruselas.

La incoherencia aparece de inmediato: no existe una legislación federal equivalente. Una misma empresa puede estar sometida a obligaciones climáticas estrictas en California y operar sin exigencias similares en otros estados.

El cumplimiento depende más del código postal que del modelo de negocio. Mientras Europa avanza hacia un marco común —exigente, pero previsible—, EEUU ofrece un escenario fragmentado e inestable.

La segunda incoherencia es estratégica. Washington ha criticado duramente iniciativas europeas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, acusándolas de «proteccionismo verde».

Sin embargo, simultáneamente estudia propuestas como el Foreign Pollution Fee Act, que impondría tarifas a productos importados según su intensidad de emisiones.

El mensaje implícito es difícil de ignorar: cuando la sostenibilidad protege la industria nacional, es legítima; cuando la impulsa otro bloque económico, se cuestiona.

Para las empresas globales —incluidas muchas españolas— este doble rasero complica la planificación estratégica y eleva el riesgo regulatorio.

El tercer frente añade aún más complejidad. Estados como Texas han aprobado leyes abiertamente anti-ESG, penalizando a entidades financieras y empresas que integran criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Estas normas están chocando con el poder judicial. Un juez federal declaró inconstitucional una de ellas por vulnerar principios básicos de libre mercado y competencia. No se trata de una defensa del ESG, sino de un límite institucional a la politización extrema.

La paradoja es evidente: en EEUU, la sostenibilidad puede ser una obligación, una amenaza o una herejía, según el Estado en el que uno aterrice.

Para las empresas, el resultado es inseguridad jurídica: ¿el ESG es una obligación, un riesgo legal o ambas cosas al mismo tiempo?

Estas dinámicas no son episodios aislados. Reflejan un problema más profundo: Estados Unidos no ha construido un relato común sobre sostenibilidad.

A diferencia de la Unión Europea, donde la regulación se ha convertido en una herramienta de política industrial, en EEUU la sostenibilidad sigue atrapada en la lógica del conflicto cultural. No se discute solo qué regular, sino qué valores representa esa regulación. Y cuando la norma se convierte en símbolo, deja de ser predecible.

La lección es clara: ya no existe algo como “cumplir en Estados Unidos”. Lo que existe es cumplir por estados, por mercados, por expectativas de inversores y por estándares internacionales.

Paradójicamente, las empresas más avanzadas en sostenibilidad son las menos expuestas a este caos normativo.

Quienes ya reportan emisiones, gestionan riesgos climáticos y alinean su estrategia con criterios ESG pueden adaptarse mejor a cualquier escenario. Las que se limitan al mínimo legal quedan atrapadas en cada giro político.

El caso EEUU demuestra que la sostenibilidad ya no es solo una cuestión ambiental. Es una prueba de madurez institucional, coherencia regulatoria y visión estratégica.

Cuando la regulación se fragmenta y se politiza, el coste no lo paga solo el sistema: lo pagan las empresas que necesitan estabilidad para invertir, innovar y competir.

Europa regula. Estados Unidos discute. Y las empresas, mientras tanto, deben decidir si quieren limitarse a reaccionar… o construir estrategia en medio del ruido.

«Mientras los agricultores europeos producen bajo estándares ambientales y sociales cada vez más exigentes, los productos importados acceden al mercado comunitario sin cumplir requisitos equivalentes»

El campo español vuelve a parar esta semana. La huelga convocada por las organizaciones agrarias no es un gesto aislado, sino el síntoma más visible de una tensión que recorre buena parte del tejido productivo europeo.

Bajo el paraguas de la sostenibilidad, la Unión Europea ha desplegado en los últimos años un entramado regulatorio ambicioso para transformar la forma de producir, consumir y competir. El problema es que no todos los sectores están soportando ese cambio en las mismas condiciones.

La agricultura se ha convertido en el epicentro del malestar. Los productores denuncian que cada campaña es más cara que la anterior: restricciones en fitosanitarios, exigencias ambientales crecientes, costes laborales al alza, presión sobre el agua y una burocracia que devora tiempo y recursos.

Todo ello en un contexto de precios en origen volátiles y márgenes mínimos.

La sostenibilidad, que sobre el papel busca un sistema alimentario más resiliente, se vive en muchas explotaciones como una suma de obligaciones sin compensación ni protección frente a la competencia exterior. La clave del conflicto está en la asimetría competitiva.

Mientras los agricultores europeos producen bajo estándares ambientales y sociales cada vez más exigentes, los productos importados acceden al mercado comunitario sin cumplir requisitos equivalentes.

A diferencia de la industria pesada —donde el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono corrige parte de la competencia desleal—, el sector primario queda prácticamente desprotegido. El resultado es una sensación extendida de injusticia: competir en el mismo mercado con reglas distintas.

Y aquí aparece una cuestión esencial que suele olvidarse en el debate público: defender la sostenibilidad no implica aceptar cualquier coste.

Soy defensora de la sostenibilidad, pero no a costa de la competitividad. Cuando una transición verde erosiona la viabilidad económica de quienes producen, deja de ser sostenible. La sostenibilidad también debe ser económica. Si no, deja de ser sostenibilidad para convertirse en fragilidad.

Este desajuste no es exclusivo del campo. También afecta a sectores intensivos en mano de obra o con márgenes ajustados, como el textil, la pesca o parte de la industria alimentaria, que sienten el impacto de una regulación sostenible que incrementa costes sin garantizar una ventaja competitiva clara.

En estos casos, la sostenibilidad no actúa como barrera de entrada para terceros países, sino como una carga adicional para quienes ya producen dentro de la Unión.

El contraste con la automoción es revelador. La industria del automóvil afronta una transición profunda —electrificación, trazabilidad, circularidad—, pero en este caso la regulación funciona también como filtro de acceso al mercado. Cualquier vehículo que se venda en Europa debe cumplir las mismas normas, se fabrique donde se fabrique.

El coste regulatorio viaja con el producto. La sostenibilidad no elimina la competencia, pero la reordena. Por eso la protesta social se concentra en unos sectores y no en otros.

Allí donde la regulación sostenible se acompaña de mecanismos de protección, apoyo a la transición y capacidad de repercutir costes, el cambio es asumible e incluso estratégico. Allí donde no existe esa alineación, la normativa se percibe como una amenaza directa a la viabilidad económica.

Las instituciones europeas empiezan a reconocer esta tensión. En los últimos meses, se han anunciado ajustes y simplificaciones en varias normativas de sostenibilidad, con el objetivo de reducir la carga administrativa y preservar la competitividad. Es un giro significativo que refleja una toma de conciencia: la transición verde no puede sostenerse si erosiona el tejido productivo que debe hacerla posible.

La huelga agraria de esta semana no va solo de precios ni únicamente de sostenibilidad. Va de competitividad, de equilibrio y de coherencia política. Va de decidir si Europa quiere liderar un modelo productivo sostenible sin deslocalizar su producción ni vaciar sus territorios rurales.

Porque la sostenibilidad, para ser creíble y duradera, no puede construirse contra quienes producen, sino con ellos. Y esa es la lección que, una vez más, el ruido de los tractores vuelve a recordarle a Europa.

«Cuando los recursos energéticos se convierten en el verdadero motor de las decisiones políticas, la frontera entre sostenibilidad y geopolítica se vuelve difusa»

Si alguien pensaba que 2026 iba a ser el año de la sostenibilidad ordenada, la geopolítica se ha encargado de desmontar esa ilusión en apenas unas semanas. Lo que estamos viendo no es una sucesión de crisis aisladas, sino la confirmación de una tendencia clara: la competencia global por los recursos ha entrado en una fase abierta.

Energía, petróleo, minerales críticos, alimentos, rutas logísticas y territorios estratégicos han vuelto al centro del tablero. Y lo han hecho sin complejos, con movimientos unilaterales y decisiones que erosionan las reglas que durante décadas habían contenido el conflicto.

Durante años, la narrativa de la transición energética convivió con una contradicción evidente: seguíamos dependiendo estructuralmente del petróleo mientras proclamábamos su obsolescencia. Venezuela es uno de los ejemplos más incómodos de esa tensión. Un país con enormes reservas, empobrecido y desestabilizado, convertido en pieza geoestratégica precisamente por aquello que el discurso verde daba por amortizado.

El petróleo no ha desaparecido del mapa. Al contrario. En un contexto de tensión global, sigue siendo un recurso de poder, una palanca económica y un activo estratégico. Lo que cambia es el relato: ya no se disfraza de cooperación, sino de necesidad.

Cuando los recursos energéticos se convierten en el verdadero motor de las decisiones políticas, la frontera entre sostenibilidad y geopolítica se vuelve difusa. Y las empresas lo saben.

La transición energética no se sostiene solo con voluntad política. Necesita litio, cobalto, níquel, cobre, tierras raras. Necesita agua, estabilidad, infraestructuras y territorios seguros. Y esos recursos no están repartidos de forma equitativa.

Lo que estamos viendo en 2026 es la normalización de una lógica preventiva: asegurar hoy el acceso a los recursos que mañana serán escasos. Ya no se espera a que el mercado actúe. Se interviene, se presiona, se condiciona.

Europa lo está viviendo de forma especialmente intensa. Su dependencia de importaciones energéticas y minerales la convierte en un actor vulnerable en un escenario donde el poder se ejerce a través del control de materias primas. España, con una industria profundamente integrada en cadenas globales, tampoco es ajena a esta tensión.

Cuando el poder sustituye al derecho, el mensaje para la economía es inequívoco: las reglas dejan de ser reglas y pasan a ser decisiones.

Para las empresas —especialmente industriales, energéticas, tecnológicas y alimentarias— este escenario no es teórico. Es operativo. Las cadenas de suministro se vuelven más frágiles, la inversión más cautelosa y la planificación a largo plazo más incierta.

Las grandes tecnológicas ya están rediseñando sus cadenas de suministro para reducir dependencias críticas. Las energéticas diversifican proveedores. Las alimentarias buscan nuevas rutas logísticas ante la volatilidad climática y geopolítica. Todo ello tiene un  coste que no aparece en los informes, pero sí en las decisiones estratégicas.

La sostenibilidad corporativa entra así en una fase incómoda. ¿Cómo sostener compromisos ESG cuando el acceso a recursos críticos depende de decisiones geopolíticas imprevisibles? ¿Cómo hablar de estabilidad cuando la energía, el territorio o los materiales se convierten en instrumentos de presión?

El riesgo deja de ser una variable financiera y se convierte en riesgo sistémico.

Durante años hemos hablado de sostenibilidad como si fuera un camino técnico y consensuado. La realidad es más cruda. La sostenibilidad también es poder, y cuando los recursos escasean, el conflicto emerge.

Esto no invalida la transición ecológica. Pero sí obliga a replantearla desde una lógica menos ingenua y más realista. No habrá transición sin gobernanza. No habrá sostenibilidad sin reglas compartidas. Y no habrá estabilidad económica si los recursos se gestionan desde la imposición.

Lo que ocurre en 2026 no es un accidente. Es el resultado de décadas de dependencia energética mal resuelta, de cadenas de suministro hiperconcentradas y de un orden internacional que se ha ido vaciando de autoridad.

La guerra de los recursos no empieza en 2026. Se hace visible en 2026. Y obliga a empresas, gobiernos y mercados a asumir una verdad incómoda: no hay sostenibilidad posible en un mundo donde el acceso a la energía y a los materiales se resuelve por la fuerza o la amenaza.

Las empresas que entiendan este cambio no hablarán solo de impacto ambiental, sino de resiliencia, diversificación y gobernanza. Las que no, seguirán construyendo estrategias verdes sobre un terreno cada vez más inestable.

Porque, nos guste o no, la sostenibilidad del futuro ya no se juega solo en los informes. Se juega en el tablero geopolítico.

Y ahí, las reglas importan más que nunca.

Europa se enfrenta a una disyuntiva incómoda: utilizar esta pausa para diseñar una transición más ordenada, justa y competitiva, o convertir el Green Deal en una suma de objetivos aplazados

La Comisión Europea ha empezado a modular su ambición climática. Sin grandes anuncios ni rectificaciones formales, Bruselas está introduciendo retrasos, flexibilidades y matices en algunas de las normas más emblemáticas del Green Deal.

El caso del coche de combustión es el más visible, pero no es el único. El mensaje que se desprende es claro: la transición verde sigue siendo un objetivo estratégico, pero su ritmo ya no es innegociable.

Este giro no afecta solo a Alemania o Italia. España, con un sector automovilístico de gran peso —especialmente en Cataluña y otras regiones industriales— y con una apuesta creciente por las energías renovables, también se ve directamente condicionada por la nueva velocidad de Bruselas.

Lo que se decide en la Comisión repercute de forma directa en la competitividad de nuestras empresas y en el empleo de miles de personas. La revisión del calendario para el fin de los motores de gasolina y diésel es el símbolo más evidente de este cambio.

Aunque el horizonte de 2035 se mantiene oficialmente, la Comisión ha abierto la puerta a excepciones que permitirían la venta de vehículos de combustión más allá de esa fecha si se compensan emisiones o se utilizan combustibles alternativos.

El veto total se convierte así en una prohibición condicionada. La presión del sector automovilístico y de países con un fuerte peso industrial ha sido determinante. Pero el automóvil no es un caso aislado. En paralelo, Bruselas está ralentizando o revisando otros pilares del marco regulatorio verde.

Los objetivos intermedios de reducción de emisiones para 2030 se reinterpretan para dar más margen a sectores intensivos en energía. Las exigencias de reporting en sostenibilidad se suavizan ante el reconocimiento de que una parte relevante del tejido empresarial no está preparada para cumplirlas en plazo. Las normas sobre cadenas de suministro y debida diligencia avanzan con mayor cautela por el temor a un impacto directo en costes y competitividad.

Incluso en el despliegue tecnológico y de inteligencia artificial se relajan criterios ambientales para no frenar inversiones consideradas estratégicas.

El patrón es consistente: no se abandona el objetivo final, pero se reduce la velocidad. Bruselas busca ganar tiempo en un contexto marcado por la desaceleración económica, la competencia global y la presión social sobre el empleo industrial.

A corto plazo, esta estrategia ofrece alivio a sectores clave y reduce tensiones políticas. A medio plazo, sin embargo, introduce un riesgo difícil de gestionar: la incertidumbre. Cuando los calendarios se mueven y los objetivos se vuelven interpretables, las decisiones de inversión se retrasan.

Las empresas que habían apostado de forma decidida por la transformación sostenible ven cómo el marco pierde previsibilidad. Europa corre así el riesgo de penalizar a quienes se adelantaron y de diluir su liderazgo en ámbitos donde aspiraba a marcar la diferencia frente a otras potencias.

Desde el punto de vista político, el coste tampoco es menor. La sostenibilidad deja de presentarse como una estrategia estructural de país y pasa a percibirse como una variable negociable en función del ciclo económico. Este mensaje alimenta el discurso de quienes cuestionan el Green Deal y dificulta la construcción de consensos sociales estables en torno a la transición ecológica.

El dilema de fondo no es si Europa debe avanzar hacia un modelo más sostenible, sino cómo gestionar el ritmo sin perder coherencia. Retrasar normas puede ser una decisión pragmática si responde a una estrategia clara y creíble. Pero cuando la flexibilidad se convierte en ambigüedad, el resultado suele ser parálisis.

Europa se enfrenta así a una disyuntiva incómoda: utilizar esta pausa para diseñar una transición más ordenada, justa y competitiva, o convertir el Green Deal en una suma de objetivos aplazados. La diferencia entre liderazgo y pérdida de relevancia se decidirá en cómo se gestione este tiempo ganado.